El Senado aprobó más gasto: la Ley de Financiamiento Universitario amenaza el equilibrio fiscal

Con 58 votos a favor y solo 10 en contra, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que blinda los presupuestos de las universidades públicas e impone aumentos automáticos y paritarias obligatorias.

La oposición, una vez más, se unió para avanzar en un esquema que implica más gasto estructural en un Estado ya sobredimensionado, sin discutir la eficiencia ni la transparencia en el uso de los fondos. La norma incluye la actualización por lo perdido en 2024 y 2025, lo que representa miles de millones adicionales sin respaldo financiero.

El Gobierno ya anticipó que prepara un veto para frenar lo que considera un nuevo desvío del rumbo fiscal. El objetivo oficial es claro: ordenar las cuentas y terminar con los privilegios del sistema universitario, donde abundan estructuras burocráticas y negocios disfrazados de educación.

Pese a los discursos cargados de épica, lo cierto es que detrás de esta ley hay una sola realidad: más déficit, más presión al contribuyente y menos chances de consolidar la estabilidad económica.

El veto presidencial aparece, así, no como un capricho, sino como la única barrera frente a una oposición que insiste en desfinanciar al país para sostener un modelo que ya fracasó.