Ricardo Alfonsín defendió el gasto estatal en AYSA y cuestionó la privatización impulsada por el Gobierno

El exembajador radical volvió a criticar la Ley Bases y se mostró en contra de entregar la empresa de agua al sector privado. Mientras el país arrastra un déficit histórico, Alfonsín insiste con mantener estructuras estatales ineficientes que cuestan millones.

Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional y exembajador durante el gobierno de Alberto Fernández, volvió a aparecer en la escena pública para defender el rol del Estado y criticar la posibilidad de que AYSA, la empresa estatal de agua y saneamiento, sea privatizada.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Alfonsín cuestionó a los bloques que acompañaron la Ley Bases, acusándolos de actuar con “imprudencia” por habilitar al Ejecutivo a avanzar con privatizaciones sin establecer “criterios claros”. Sin embargo, lo que para el dirigente es “un cheque en blanco”, para muchos otros representa una herramienta para ponerle fin al derroche y al malgasto de recursos públicos.

AYSA, como tantas otras empresas estatales, le cuesta miles de millones al Estado todos los años. En lugar de apoyar una solución que podría mejorar la eficiencia del servicio y aliviar el peso del gasto público, Alfonsín optó por sembrar miedo, apelando a recuerdos de los años 90 y sugiriendo, sin evidencias actuales, que una empresa privada no garantizaría el acceso al agua.

“Con los niveles de pobreza actuales, el acceso al agua no debería quedar en manos de una entidad cuyo único fin es maximizar ganancias”, escribió Alfonsín, en lo que parece una defensa incondicional de los subsidios eternos y los servicios deficitarios. El problema no es el lucro, sino los privilegios, la falta de resultados y la carga que representa para todos los argentinos mantener estructuras que no funcionan.

En un contexto donde se discute cómo recortar gastos, reducir el déficit y mejorar el funcionamiento del Estado, Alfonsín elige aferrarse al statu quo. Su postura no solo parece desconectada de la realidad económica, sino que también omite que las condiciones de cualquier privatización pueden incluir garantías de acceso universal, especialmente para sectores vulnerables.

Mientras el Gobierno busca avanzar en reformas estructurales para ordenar las cuentas públicas, algunos sectores prefieren mirar al pasado y frenar todo intento de modernización. Para muchos, Alfonsín representa justamente eso: la resistencia a cambiar lo que hace décadas dejó de funcionar.